- Por Karla Gutiérrez
Este fue el diseño que se presentó originalmente para la cárcel que se construirá en Masagua, Escuintla. (Foto: Archivo/Mingob)
La construcción de una cárcel de máxima seguridad fue una de las promesas de campaña de Bernardo Arévalo, para fortalecer la seguridad en el país.
En un mes, a más tardar, se daría inicio a la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad que el Gobierno busca implementar en el país.
Tras asegurar que ya se tiene el control total de «El Infiernito», en Escuintla, el presidente Bernardo Arévalo se refirió a otro penal que se ubicaría en ese mismo departamento, específicamente en Masagua.
«Vamos a estar poniendo la primera piedra del nuevo centro penitenciario (…), esto empieza en semanas», afirmó, después de ser cuestionado al respecto por varios periodistas.
Las proyecciones
El anuncio se hizo poco menos de un mes después de que la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia, indicó en el Congreso de la República que los trabajos empezarían el próximo año.
En aquella oportunidad, la funcionaria dijo que la capacidad proyectada es de 3 mil reos y que «se van a tener que hacer los análisis en cuanto a los perfiles de peligrosidad» de las personas que serían trasladadas al lugar.
Más recientemente, el director general del Sistema Penitenciario, Sergio Vela, dijo que habría tres clasificaciones y que no solo se ubicarían ahí a los prisioneros más peligrosos, sino que habría espacios destinados, incluso, para quienes no representen riesgo.
Un proyecto heredado
La edificación de esta prisión se planeó y adjudicó durante el gobierno de Alejandro Giammattei y en febrero pasado, cuando la administración de Arévalo llevaba un mes, se informó que se retomaría.
Según la ficha técnica que se dio a conocer en 2022, el centro de reclusión se ubicaría a unos 75 kilómetros de la ciudad capital, en la finca Cuyuta, en Masagua, Escuintla.
Para ejecutar la obra, se contaría con recursos procedentes de un préstamo adquirido en agosto de 2020 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y, en su momento, se indicó que se invertirían Q668 millones, los cuales se dividirían de la siguiente manera:
- Q16.5 millones para diseño
- Q581.8 millones para construcción
- Q69.7 millones para equipamiento
En diversas ocasiones, las autoridades actuales han manifestado que el gobierno anterior dejó el proyecto en la fase de diseño, por lo cual fue preciso «revisar los planos, la parte financiera y todo el proceso administrativo».
Autoridades visitan «El Infiernito» para evaluar progreso de la remodelación
Por Karla Hernández
El presidente Bernardo Arévalo, junto con el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, realizaron una visita oficial para supervisar los avances en la remodelación de la cárcel de máxima seguridad «El Infiernito», ubicada en Escuintla. La visita tuvo lugar el [fecha de la visita], como parte de un esfuerzo continuo para mejorar las condiciones y la seguridad en esta instalación penitenciaria crítica del país.
Desde el inicio de las obras el pasado 2 de junio, el gobierno ha implementado una serie de acciones estratégicas que comenzaron con la reubicación de 225 internos. Entre estos reclusos, se encontraban miembros de la peligrosa pandilla «Barrio 18», quienes fueron trasladados para facilitar las labores de remodelación y asegurar un ambiente controlado durante los trabajos de renovación.
Presos en la oscuridad: el terror de la talacha
- Por Karla Gutiérrez
La talacha es una práctica extorsiva que continúa en las cárceles, aunque las autoridades dicen tener más control de la situación. (Foto: Archivo/Soy502)
Soy502 conoció las experiencias de privados de libertad y los vejámenes que sufrieron como parte de la denominada talacha.
Manuel dice haber sido un esclavo en una prisión de Guatemala; durmió en un baño, sufrió golpes y lo extorsionaron. Su historia podría parecer una situación particular, pero es una realidad común en los centros de privación de libertad.
En Guatemala, según los registros más recientes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, hay por lo menos 23,342 personas privadas de libertad, quienes, en su mayoría, como ya es de dominio público, se encuentran en espacios hacinados y en condiciones que difícilmente propician su rehabilitación.
Algunos en prisión preventiva y otros cumpliendo condena por delitos de diversa índole, todos conviven en lo que Manuel (nombre ficticio para proteger su identidad) califica como una «miniciudad», donde las jerarquías están bien marcadas y quienes gozan de beneficios son una minoría, pero con un «enorme poder».
Manuel salió recientemente del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, ubicado en Zacapa, y contó a Soy502 cómo el hacinamiento era el menor de sus problemas mientras estaba en ese sitio.
Él, como probablemente la mayor parte de los más de 600 reos que hay en el lugar, fue víctima de vejámenes producto de la denominada talacha, una práctica extorsiva que las mismas autoridades de Presidios reconocen que persiste.
En el Centro de Detención Preventiva Los Jocotes hay más de 600 hombres recluidos, por diversos delitos. (Foto: PDH)
«Te tienen de esclavo»
«Yo estuve detenido durante 16 días, pero lo sentí como si hubieran sido años», comenzó a relatar Manuel, cuya familia debió reunir Q5,000 para evitar que lo siguieran golpeando y lo dejaran dormir en una celda, aunque en el piso.
Según contó, desde su ingreso al penal y después de que le asignaron el sector al cual pertenecería, dos reclusos se le acercaron y lo llevaron al área de sanitarios, donde permaneció hasta que se hizo el depósito bancario solicitado.
Pero ese no fue el único «castigo», también debía limpiar cada una de las zonas que se le instruía, mientras recibía golpes en la espalda, pecho y pantorrillas. Algunas veces las heridas eran con palos y otras con patadas.
«No importa si el lugar está limpio, si ellos no te dicen que parés no podés hacerlo. Te hostigan, dejan los baños asquerosos y te hacen tocar todo con las manos directamente. Si te negás, los golpes son más fuertes», expresó.
Agregó que pasó varios días sin comer, debido a que no se lo permitían, y que dormía en una ducha, de pie. Además, le quitaron sus zapatos y ropa, tampoco tenía una cobija para resguardarse del frío.
«Estar encerrado ya es bastante difícil y uno pensaría que ese es el castigo que uno se merece por haber cometido una falta. Pero es peor», dijo.
“Ahí, adentro, uno vive con el miedo de que va a estar esclavizado por ellos; nadie se compadece”
Manuel, expresidiario
La extorsión
De acuerdo con Manuel, desde el primer día le pidieron el número telefónico de un familiar, a quien llamaban cada cierto tiempo para exigir un pago, que, en su caso, inició en Q15,000, pero, tras negociaciones, bajó a los Q5,000 que finalmente se cancelaron.
«La angustia es enorme. Yo di el número de mi tío y le dijeron que el pago no era obligatorio, pero que si no se pagaba, me seguirían golpeando. También me hacían hablar a mí y muchas veces no podía contener las lágrimas, porque tenía miedo y sabía que estaba en peligro», expresó.
“Mi familia tuvo que hacer muchos sacrificios para reunir el dinero, mientras gastaba también para arreglar mi situación legal”
Manuel, expresidiario
A decir del entrevistado, las condiciones «mejoraron» cuando se depositó la cantidad pactada. La transacción tuvo que ser comprobada y en el documento respectivo se colocó el nombre del recluso, el sector en el que estaba y la frase «depósito voluntario». Esas fueron las instrucciones.
Después de ello, ya podía recibir visitas, pero tenía que pagar una cuota cada vez que sus parientes se iban. Además, le quitaban elementos de higiene que le llevaban.
En las dos semanas que estuvo recluido, sus familiares lo fueron a ver tres veces y en cada una de ellas le tuvieron que dejar dinero para cubrir el costo del agua para bañarse. A ellos también les cobraban el uso de las sillas en que se sentaban durante la visita.
Foto: Cortesía
¿Y si no se paga?
Aunque el testimonio de Manuel es fuerte, él tuvo la posibilidad de pagar el monto que se le exigió, pero no todos corren con esa suerte.
Roberto (nombre ficticio para proteger su identidad) estuvo en la misma prisión, en 2022. Aunque su reclusión duró solo cinco días, no pasó uno solo sin que recibiera golpes y otros maltratos, cuyas secuelas logró documentar, por medio de fotografías.
Han transcurrido cuatro años y aún conserva las imágenes, como un recordatorio de las consecuencias que tuvieron sus actuaciones pasadas.
Roberto fue víctima de golpes y otros maltratos, por no poder pagar la talacha. (Fotos: Cortesía)
Su narración es similar a la de Manuel, respecto de la manera en que le informaron sobre la talacha y el dinero que su mamá tendría que cancelar para que no le pasara nada; sin embargo, la falta de recursos hizo que no pudiera cumplir con la exigencia.
Esto lo llevó a tener que limpiar, incluso, con su rostro, sin poder meter las manos, las áreas más sucias de los sanitarios. Como parte de su castigo, no podía recibir visitas.
Según Roberto, le quebraron dos escobas en la espalda y apagaron cigarrillos en las plantas de sus pies. (Foto: Cortesía)
Cuando resolvió su situación legal y recuperó la libertad, tenía un tobillo inflamado y señales de raspones en las piernas, así como moretones en el torso.
«Ahí pasa de todo. Cada sector tiene sus jefes y a los guardias ni se les ve, solo durante el conteo diario», aseguró; asimismo, dijo haber sido testigo de cómo otros reos hacían llamadas para extorsionar a personas que estaban libres.
“Desde que uno entra a la cárcel, sabe quiénes son los que mandan”
Roberto, expresidiario
Hay más control, dicen autoridades
Durante una citación en el Congreso, el pasado 7 de junio, el director general de Sistema Penitenciario, Sergio Vela, reconoció que la talacha es una práctica ilegal que permanece en los centros de detención, aunque hizo ver que hay «un mayor control».
Según indicó, se trabaja de manera coordinada entre dependencias de investigación, análisis e Inspectoría General para contrarrestar y erradicar el flagelo, lo cual habría propiciado la respuesta de estructuras criminales.
Agregó que ha recibido presiones para ceder a esa práctica, de la cual, aseguró, su administración no es partícipe.
“Hay una presión constante de grupos que quieren seguir manteniendo ese control, para seguirse financiando”
Sergio Vela, director del Sistema Penitenciario
El funcionario remarcó que se han recibido denuncias anónimas en la línea telefónica 1533, no solo de abusos que cometen los reos contra sus compañeros, sino también de actos en los que estarían implicados algunos guardias.
Refirió que entre las medidas que se han puesto en marcha ante tales hechos figura el cambio de prisión de algunos reclusos, a quienes se ha aislado, así como sanciones contra el personal penitenciario.
Soy502 consultó a la entidad sobre los actos que se estarían suscitando en la cárcel Los Jocotes, pero, hasta el cierre de esta nota, no se había obtenido una respuesta.
El departamento de Comunicación Social prometió gestionar respuestas sobre el tema y las condiciones en que se encuentran los internos en otros penales del interior del país.
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El funcionario también se refirió a la «talacha» en las cárceles pic.twitter.com/xYYTrd6v1D— Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) June 23, 2024
Las verificaciones más recientes
A finales de enero de este año, la Procuraduría de los Derechos Humanos hizo una verificación en Los Jocotes y, según su informe, para entonces había 632 hombres recluidos. Su visita fue para constatar si en el lugar había una clínica para atender a los reclusos, por lo cual no se notificó sobre algún abuso.
Dos meses después, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y guardias penitenciarios efectuaron una requisa, la cual dio como resultado el decomiso de 50 celulares, 12 chips, 9 pesas electrónicas, así como gran cantidad de cargadores para teléfonos móviles.
Para entonces, tampoco se habló sobre hallazgos de violaciones a los derechos de los privados de libertad. De hecho, el tema no se aborda en ninguna de las inspecciones que se realizan en las prisiones.
FUENTE: SOY 502 Y AZTECA GUATE
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